La dignidad de Catalunya

Texto íntegro publicado el 26/11/2009 por doce diarios editados en Cataluña en defensa del Estatuto

Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y han erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: "Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado en referéndum y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica".

Será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el Alto Tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores. La expectación es alta. La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situación inédita en democracia. Hay, sin embargo, más motivos de preocupación. De los doce magistrados que componen el tribunal, sólo diez podrán emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido. De los diez jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el "corazón de la democracia". Un corazón con las válvulas obturadas, ya que sólo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal -un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí mismo- no haremos mayor alusión a las causas del retraso en la sentencia.

La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de "símbolos nacionales" (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia. No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de esta. No sólo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador. El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras).

El Alto Tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español, es decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años setenta transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del viejo Estado nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga. Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación.

Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa.

Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Tribunal Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos -que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo-, recordando que no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referéndum.

Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable.

Intervenció en nom d'ICV-EUiA en l'acte de commemoració dels 30 anys d'Ajuntaments democràtics el passat 21 de novembre de 2009

Foto: Web Ajuntament

Bon dia.

Alcalde, ex alcaldes, regidors i regidores, ex regidors i ex regidores, veïns i veïnes.

Avui commemorem al nostre municipi una efemèride molt important en la història recent del nostre país. El passat 19 d’abril, es van complir 30 anys de la constitució dels ajuntaments democràtics i amb aquests, la reanudació d’un nou període constitucional.

Lamentablement, aquesta efemèride va lligada a un parèntesis llarg y cruel de Guerra Civil y de dictadura franquista, que van usurpar la legalitat democràtica nascuda als municipis l’any 1931, en unes eleccions municipals que van significar la proclamació de la segona república.

És inevitable doncs, que aquest 30 aniversari sigui també un reconeixement i un homenatge a tots aquells homes i dones que van morir lluitant per defensar els valors republicans, la llibertat i la legalitat democràtica exercida lliurement pel poble.

I també, un reconeixement a tots aquells homes i dones que van treballar de manera activa i incansable, dia i nit, en la lluita contra la dictadura franquista, contra la repressió, contra els assassinats injustificats, defensant la llibertat d’expressió, de sindicació, d’afiliació política, de participació, en definitiva defensant les llibertats i la democràcia.

Sens dubte, aquests moviments populars de lluita antifranquista van significar els primers passos per a la consecució de la fi de la dictadura i del retorn a la normalitat democràtica.

En aquest sentit cal destacar avui, el paper del moviment veïnal sorgit al nostre municipi l’any 73, com a motor del desenvolupament i cohesió social i cultural de la nostra vila. En uns moments d’enormes dificultats, l’Associació de veïns “La Concordia” va esdevenir motor de canvi, generador de noves il•lusions i esperances, per aconseguir millores per al conjunt del poble. Qui no recorda les lluites populars per aconseguir un semàfor, per rehabilitar els edificis de la Concordia i la Vecasa o per aconseguir l’avui Parc Popular?

La Constitució de 1978 i les eleccions de 1979 van obrir la porta a la regeneració democràtica, amb nous regidors i regidores que, plens d’esperances i il•lusions van accedir a uns ajuntaments sense mitjans i sense recursos i que havien actuat durant 40 anys d’esquenes als veïns i veïnes.

Totes les corporacions democràtiques en aquests 30 anys han contribuït a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, construint equipaments e infrastructures, però permeteu que de tots en destaqui el primer, perquè com tot en la vida, arrencar és el més difícil i gràcies al seu impuls, avui tots nosaltres podem dir que hem format part d’aquest Ajuntament en algun moment.

Així doncs vull destacar els Javier Serrano, Antonio Jiménez, Fernando Molina, Francisco Rodríguez, José Caballero, Rafael Solé, Montserrat Cabistany, Francisco Quevedo, Merce Melgosa, José Luís López, Andreu Torcal, Félix Pérez, Ginés Alcaraz, Juan Medina, Arturo Font, Lluís Eras i Angel Balasch, com a reflex del motor de canvi que van significar les primeres eleccions després de la dictadura franquista.

30 anys després d’aquell punt d’inflexió, ens trobem en una situació de crisis econòmica i financera, energètica i ecològica, però també en una gran crisis de valors, escenificada en els darrers dies en els casos de corrupció emergents a tot l’Estat, que erosionen la credibilitat i l’estabilitat institucional i col•lectiva.

Durant aquests anys, la desafecció social vers les institucions democràtiques i sobretot vers la participació política ha anat en augment. La nostra encara no és una democràcia madura, al contrari, tot just és una democràcia jove que comença a esdevenir adulta, però que encara comet nombrosos errors.

La il•lusió que va esdevenir recuperar la democràcia i les institucions per al poble, ha anat derivant en una democràcia merament representativa i excessivament profesionalitzada que, mica en mica, s’ha anat allunyant de la societat, convertint la participació política en una simple acció de votació cada quatre anys. Molt, comparat amb el període obscur del franquisme. Poc, si ho comparem amb el període democràtic republicà.

Avui es més necessari que mai reaccionar i aplicar amb rigor mesures de garantia de la qualitat democràtica i de la bona gestió del món local, algunes d’elles previstes ja en la legislació vigent.

Cal doncs recuperar els valors més purs de la democràcia i de la participació política. Recuperar la participació vocacional, aquella que esdevé com a servei a allò públic. Recuperar la democràcia radical i participativa, per dur-la a tots els àmbits socials, com l’economia o la cultura, profunditzant en la democràcia política amb la participació ciutadana directa en les institucions, retornant els Ajuntaments al poble.

Cal recuperar valors com la ètica, la informació, la transparència i l’austeritat, components essencials per la democràcia local i pel desenvolupament de l’activitat municipal, tal i com sempre hem mantingut en la nostra actuació als ajuntaments.

Cal en definitiva recuperar la il•lusió en el canvi social i creure en la societat com a motor d’aquest canvi i nosaltres, els regidors i regidores (servidors públics), treballar com un més dins d’aquest magma. Tant sols aportant treball, dedicació, il•lusió i honestedat i fent perfectament vàlid el cartell del PSUC en les primeres eleccions municipals: “Mis manos, mi capital”, i sense esperar-ne cap altre fruït que el del desenvolupament social per aconseguir una societat veritablement lliure, igualitària i democràtica.

Moltes gràcies.

LLAMAMIENTO PARA LA REFUNDACIÓN DE LA IZQUIERDA

La Izquierda ha sido una esperanza para millones de personas durante décadas. Fue una garantía, y lo sigue siendo, de que otro mundo es posible. Pero la Izquierda viene sufriendo una prolongada erosión que no sólo se refleja en su retroceso electoral. La ciudadanía no participa en las decisiones importantes y el tejido asociativo es cada vez más débil.

Los errores políticos han sido numerosos y no queremos ignorarlos. Pero el neoliberalismo no sólo ha creado una enorme precariedad laboral y destrucción ambiental, no sólo ha alargado el tiempo de trabajo a costa del tiempo reservado a todo lo demás. Además, ha mantenido la división sexual del trabajo obligando a las mujeres a sobrevivir a base de jornadas dobles y triples. Además, ha segmentado a la inmensa mayoría de la ciudadanía, y muy especialmente a las trabajadoras y los trabajadores, fomentado la competencia entre nosotros y nosotras, atomizándonos, transmitiéndonos la sensación, de que somos los únicos y las únicas responsables de los males que aquejan al mundo. De que no hay alternativa al actual orden de cosas.

Pero el neoliberalismo ha entrado en crisis. No ha muerto y hay intentos serios de recomponerlo. Pero sus recetas económicas, su influencia ideológica y su modelo de civilización están a la defensiva.

Esto abre nuevas oportunidades para aquellas y aquellos que creemos en una convivencia más justa y solidaria, en un modelo económico acorde con las necesidades de las personas y del medio ambiente, en la posibilidad y en la necesidad de una sociedad distinta. En algunos países esta situación está produciendo convergencias esperanzadoras entre todas las familias y sensibilidades de la Izquierda, en América Latina está abriendo un nuevo ciclo histórico.

Son procesos complejos en los que se tienen que abordar los desencuentros del pasado, los enfrentamientos entre el reformismo y el anticapitalismo más explícito, entre la cultura de la intervención directa y las formas más institucionales de participación política. Pero son procesos que despiertan esperanzas de un mundo mejor entre sectores amplios de la población.

Ha llegado la hora de poner en marcha este proceso en nuestro país. A pesar de la fragmentación de la Izquierda, del desencanto y de la desmovilización social, el potencial democrático de nuestra sociedad sigue siendo enorme. Debajo de la cáscara institucional y de la cultura política oficial, de la corrupción y la manipulación informativa, existen amplios espacios en los que la solidaridad, los valores de justicia social, de igualdad de género, de honestidad y transparencia siguen siendo innegociables. Muchas personas que pueblan estos espacios realmente creen que es necesario construir un orden social y económico más justo, una civilización más pacífica y cooperativa en el planeta, un sistema de trabajo que dignifique a las personas y no que las destruya. Creen que el colapso ambiental se tiene que abordar de una forma distinta a la que dictan las leyes del interés y de la rentabilidad privadas, que es posible construir una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres. En ellos y en ellas late la convicción de que es necesario crear una sociedad distinta a la capitalista.

El momento es propicio para dar un paso así. El modelo económico y productivo español inaugurado hace varias décadas ha tocado fondo. El paro va a aumentar por tercera vez hasta rozar el 20% de la población activa a pesar de las sucesivas reformas laborales. Es un modelo productivo incompatible con los objetivos que se ha marcado la humanidad para afrontar el cambio climático, con cualquier forma avanzada de justicia social, con la dignificación del trabajo y la eliminación de la dominación del hombre sobre la mujer. Su cultura política, fuertemente bipartidista, alimenta la corrupción y el cohecho. Su modelo económico, basado en la renta financiera e inmobiliaria, nutre el poder de la banca frente al resto de la sociedad, fomenta la cultura del dinero fácil frente al trabajo productivo, la especulación frente al esfuerzo reconocido.

Nos corresponde iniciar un proceso amplio y capilar que permita darle a este deseo y a esta necesidad de cambio una expresión política, cultural y organizativa. Los y las firmantes de este Llamamiento nos comprometemos a trabajar para que todas las personas, organizaciones y grupos activos que nos reclamamos de la Izquierda empecemos a converger en un espacio común de deliberación y aprendizaje colectivo. Nos comprometemos a reunirnos a nivel de barrio, de centro de trabajo, de ciudad, de comarca y mancomunidad, de comunidad autónoma, nacionalidad histórica y también a nivel de todo el Estado. Nos comprometemos a formar foros y mesas territoriales, foros temáticos y sectoriales para la refundación de la Izquierda, espacios en los que pretendemos ponernos de acuerdo sobre cómo abordar los grandes y los pequeños problemas que nos afectan, para intentar solucionarlos e ir definiendo un nuevo proyecto político de tipo federal, republicano, feminista y socialista. Estos espacios tienen que ser plurales, pero tienen que comprometerse con un proyecto solidario en todo el Estado, ser algo más que la suma de organizaciones, de núcleos e iniciativas ya existentes. Tienen que aunar y aprovechar los esfuerzos del pasado, pero también tienen que fomentar las iniciativas innovadoras.

Nuestro objetivo es crear espacios de participación ciudadana dentro y fuera del trabajo, núcleos de poder organizado para que las personas puedan trasladar directamente sus necesidades a las instituciones, a los medios de comunicación, a los centros del poder político local, autonómico y estatal. Nuestro objetivo es mostrarle a toda la sociedad que es posible y que es más efectivo abordar los problemas de forma cooperativa, que no es necesario hacerlo compitiendo y atomizándonos. Nuestro objetivo es que la ciudadanía le arranque espacios a los intereses corruptos y endogámicos, a la lógica insaciable del capital, a los intereses de las empresas multinacionales. Nuestro objetivo es superar las distintas jerarquías que aquejan hoy a la sociedad, incluidas las jerarquías de género sobre las que se sustenta todo tipo de violencia contra las mujeres.

Nos proponemos hacerlo utilizando medios democráticos, denunciando y elaborando soluciones alternativas, creando una nueva cultura republicana en la que lo de todos y lo de todas esté por encima de los intereses excluyentes. Queremos que la ciudadanía participe activamente en este proceso abriendo la perspectiva de una sociedad distinta, más justa y sostenible para nosotras y nosotros así como también para nuestros hijos e hijas, una sociedad en la que realmente se cumplan y hagan cumplir los derechos humanos, incluidos los derechos sociales, para todas y todos los habitantes del planeta. Nuestro objetivo, en definitiva, es que nuestra generación vaya construyendo una sociedad mucho más justa, solidaria y sostenible, una sociedad socialista para el siglo XXI

Madrid, otoño de 2009